La reforma de la justicia universal.

El Gobierno saca adelante de forma unilateral la reforma que limita la justicia universal.

La reforma de la justicia universal

Solamente con el apoyo del PP ha podido aprobar la Cámara baja del Congreso la proposición de ley que propone restringir las condiciones en que los jueces españoles podrán investigar a partir de ahora aquellos delitos cometidos fuera del territorio nacional español, algo que en el lenguaje jurídico se viene denominando como justicia universal.
En efecto, durante el debate de esta propuesta de ley, toda la oposición parlamentaria ha coincidido en criticar esta polémica decisión del gobierno por violar los derechos de los ciudadanos a no tener que doblegarse ante exigencias injustas de países extranjeros, algo que será un hecho cuando la reforma de la justicia universal consume su implantación.
Esta reforma, que modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido definida tanto por la oposición como por distintos colectivos de ciudadanos y abogados de modo unánime como claramente anticonstitucional. ¿La razón? Todos estos grupos consideran que la iniciativa supondrá archivar causas abiertas de extremada gravedad en la Audiencia Nacional como es el polémico caso del genocidio tibetano entre los años 1980 y 1990, asunto que tantas heridas ha provocado entre las altas esferas del gobierno de Pekín. En este sentido, el magistrado de la Audencia Fernando Andreu se ha mostrado rotundo al defender que, desde esta reforma “usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”.

Pobre defensa del Ejecutivo a la reforma de la justicia universal

Ante las críticas al gobierno de estar creando vacíos legales y espacios de impunidad para delincuentes que no son juzgados en sus correspondientes países de origen, distintos portavoces del Ejecutivo han defendido públicamente que, con la presente reforma de la justicia universal, se pretende que los jueces, fiscales y abogados puedan investigar solamente delitos de lesa humanidad o genocidio si, y solo si, la causa abierta va dirigida contra un ciudadano de nacionalidad española o que cuente con su residencia habitual en nuestro país. El PP defiende asimismo que otro objetivo prioritario de esta proposición sería aceptar para su instrucción lo que realmente se pueda juzgar, una débil explicación a tenor de los inmediatos efectos que la aplicación de esta reforma ha tenido, nada menos que la excarcelación de 43 narcotraficantes.

La reforma de la justicia universal nos hace cómplices de crímenes de guerra

De los jueces con que cuenta la Audiencia Nacional, nada menos que seis ya se han manifestado en contra de esta ley, aprobada en el Congreso sin apenas posibilidades de debate y con carácter de urgencia. A partir de ahora, tramitar las causas primordiales sobre delitos económicos, corrupción o terrorismo en España por parte de magistrados pasará a estar gravemente condicionado ya que las competencias de los profesionales en materia de justicia universal se van a ver muy limitadas, si es que antes no se ha recurrido ya al archivo de los casos abiertos, pues la reforma nace con carácter retroactivo.
Las reacciones no se han hecho esperar y en las declaraciones de los jueces se puede leer bien entre líneas la alusión a las contradicciones en la redacción, a la posible inconstitucionalidad e incluso a la frustración que generará el aplicar esta decisión del gobierno una vez en marcha la reforma de la ley de justicia universal. Una reforma que incumple claramente con ciertas obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado español que esperemos no provoque graves denuncias o incluso condenas contra éste por haber decidido no cumplirlas.